Choque de trenes de lo absurdo: Catalunya-España

Decepción. Así es como podría definir en lo que se ha convertido el Estado. Estamos contemplando cómo dos gobiernos están jugando a ver quién “la tiene más grande”, en términos coloquiales. Podría emplear otro calificativo más suave, pero a la vez, no estaría siendo lo suficientemente contundente.

Todo me ha llevado a no posicionarme ni del lado del Estado, ni del Govern, pues nadie es la Madre Teresa. Es decir, tratando de evitar la equidistancia. Hemos sido testigos de toda una serie de factores determinantes del resultado que no es merecedor de formar parte de un Estado de Derecho. Son toda una serie de factores, que más que llevar al orden, mueven réditos partidistas, propio de personas sin pensamiento de Estado.

Dret a decidir, referéndum, derecho de autodeterminación, revolución, principio de legalidad, el imperio de la Ley, el espíritu de la Ley. Son términos que, siendo empleados por la Generalitat y por el Gobierno español respectivamente, son compatibles, si somos capaces, por separado, de no hacer mala política y de no hacer mala interpretación de la Ley, porque la realidad es, que la mala política se ha expandido sobre el Derecho, y para nada es conveniente la Ley del más fuerte.

Es por eso, que decía Piero Calamandrei en su obra “Sin legalidad, no hay libertad”, que “la acción política debe proyectarse con preferencia en la lucha por el establecimiento y la conservación del mecanismo jurídico a través del que se formulen las leyes” (p.30). Lo que lleva a la garantía de los derechos y libertades individuales.

Todo esto me lleva a la memoria lo acontecido en los días 6 y 7 de septiembre. Veíamos un Parlament más polarizado que nunca. Veíamos cómo se acallaban los derechos del bloque opositor que sumaban el 52% de los votos de las elecciones del 27-S, frente a la imposición del 47,8% votos del bloque actual de gobierno. Se acallaron las bocas del Tribunal de Garanties Estatutàries y del Letrado Mayor, el Sr. Bayona, catedrático de Derecho administrativo por la UPF, cuyos dictámenes decían claramente que la vía tomada por el Govern, no llevaba a ningún lugar. Veíamos cómo se vulneraba el reglamento del Parlament de Catalunya y de cómo se tramitaban las dos leyes de desconexión por la vía exprés y con una hora para que la oposición presentaran enmiendas. Veíamos cómo se aprobaban dichas leyes con 72 diputados, cuando legalmente, por medio del Estatut d'Autonomia de Catalunya, todo aquello que se aprueba en el Parlament (como son los directivos de los medios de comunicación catalanes) se aprueba por 2/3 de los diputados, es decir, 90 diputados.

Se podría decir, que lo ocurrido, es propio de la ausencia de libertad. Un ejemplo, para que lo entendamos, es el que presentaba Calamandrei cuando decía lo siguiente: “Yo no puedo comprometerme a priori a votar por la abolición de la propiedad privada, porque con esto vendría a privarme a priori de la posibilidad de discutir con libertad” (p.31). Esto es exactamente lo que sucedió. Se pretendía aprobar dos textos declarados inconstitucionales por el TC por la vía exprés, y sin la posibilidad de que hubiera un previo debate de todos los partidos.

Nuevamente, Calamandrei decía al respecto del respeto a las formas de la Ley, que lo importante es “el modo” en que se haga la Ley, porque es el “método para la creación del Derecho respetando la legalidad. Se respete un cierto método, un cierto orden, un cierto procedimiento constitucional indispensables para que los problemas políticos puedan discutirse y resolverse con libertad” (pp.31-32). Ahí se demuestra la certeza del Derecho, esto es, los límites de la libertad de cada uno y del cual empieza la libertad del otro. Conocer los actos lícitos e ilícitos por medio de la norma. A todo esto, Calamandrei lo llamaba el Estado de Derecho (y no ese Estado de Derecho del que tanto se vanagloria y pone en su boca el Gobierno español), pues él incide en ese aspecto, que la “libertad de la autoridad está limitada por la Ley, para evitar que sobrepase los confines de las libertades individuales de los ciudadanos”. Si contextualizamos lo ocurrido en el Parlament, podemos implicar las palabras de Calamandrei para entender mejor cuál era su visión del Estado de Derecho: “Es necesaria la convicción moral, de que la Ley expresa una libre competición de opiniones, en la que cada uno puede participar en píe de igualdad. Allí donde las leyes son creadas en régimen de libre discusión, y por tanto son la expresión de una convicción libremente formada en la mayoría, el ciudadano se sentirá no sólo jurídica, sino moralmente vinculado por ella” (p.50).

Otro de los problemas presentados en lo ocurrido, tiene que ver mucho con lo que se estipula en la Comisión de Venecia. En ella, se recogen tres requisitos que determinan la validez de un referéndum: la primera, que interpele a toda la población; la segunda, que se establezca un porcentaje para dar por válido el referéndum y; tercero, que dicho referéndum tenga reconocimiento internacional. (http://www.eldiario.es/politica/secretario-Comision-Venecia-referendum-estandares_0_691181891.html)

No se puede considerar válido si no hay una pura interpelación de todos. Quiero decir, que cuando se vulneraron los derechos de los diputados de la oposición, se estaban vulnerando también nuestros derechos de ciudadanos, puesto que si que la soberanía recae en nosotros, la transferimos a los representantes políticos a los que votamos. Sí es bien cierto, que a día de hoy, no hay ninguna campaña a favor del NO o de NO ir a votar, salvo en la presencia de manifiestos de intelectuales, de ciudadanos a píe y de expertos en derecho internacional público y privado. De todas maneras, si nos pisotean desde la oposición, cómo podemos entender que este referéndum interpele a todos? ¿Cómo pensar en eso, cuando a la llegada de la actual presidenta del Parlament, ésta se comprometió a alcanzar la futura República catalana, teniendo a un bando mayoritario que no comparte esa idea?

No se puede considerar válido, cuando no se ha establecido un quórum de participación. Que además, digan con toda claridad, por medio de las organizaciones independentistas, que no está permitido abstenerse a votar, porque implica boicotear el referéndum. Es mi derecho a decidir a no ir, a ir y votar sí y a ir y votar no.

No se puede considerar válido, si no está teniendo un respaldo mayoritario de la comunidad internacional, por no decir que una presencia casi nula de la comunidad internacional, fundamentada en no dar aval alguno a lo que se ha formulado en el Parlament.

Preocupante es lo que vino después. Una vez aprobadas las dos leyes declaradas inconstitucionales, se procedió, por parte del President Puigdemont a requerir a la ciudadanía para presionar a los ayuntamientos a que cedieran los locales para el 1-O y que pudieran votar. Al menos 712 de unos 900 lo han hecho. En este aspecto, me gustaría hacer una reflexión que nos lleva a la confusión y que empuja al mal entendimiento. Una reflexión que le pondría de título “Discurso en nombre del pueblo. El problema democrático”. Podría introducir mi reflexión diciendo que dicho título lo extraigo de una obra de la autora Valentina Pazé. La autora hace las siguientes preguntas: ¿por qué asociar la noble noción de “pueblo” con la de un problema sin resolver? ¿En qué sentido el pueblo es un problema, y no un recurso, para la democracia? Pazé recuerda la tradición de la aristocracia y de los reaccionarios, que identificaban a la ciudadanía como una masa informe formada por personas irracionales, presa fácil de la propaganda de los demagogos. Demagogos, que la autora lo tacha de “hombres del destino, que en nombre del pueblo, se sitúan por encima de la ley y del Estado de Derecho”.

Os preguntaréis qué tiene que ver la cesión de locales de los ayuntamientos, con lo expuesto por Pazé respecto a la visión de los reaccionarios sobre la masa de la calle. Es bastante simple. Mucha gente ha obedecido a lo dicho por Puigdemont de salir a la calle a presionar los ayuntamientos (no a todos, por su color político). Muchos de los que no han cedido, se han visto insultados, vilipendiados, etc. Sin embargo, han sido estos los que realmente han cumplido por los dos bandos: por la resolución del TC y por la Ley del referéndum inconstitucional. ¿Cómo puede ser eso? ¿Será un ataque de equidistancia? La realidad es la siguiente: toda la masa ciudadana favorable a la independencia reniega de la legalidad española y aceptan la catalana. Pero una persona que se debe a una legalidad, así como se debe a un principio, debe por tanto conocerla. La verdad es, que en la Ley de Referéndum catalán recoge en su art. 30 dos apartados: el primero dice claramente que la competencia de la cesión es de la Administración Electoral de la Generalitat y que solicita a los ayuntamientos que cedan locales de su titularidad para realizar el referéndum. Sin embargo, el apartado segundo nos deja con la siguiente sorpresa: si el ayuntamiento no está de acuerdo o no está dispuesto a ceder local alguno, será la Generalitat la que ceda lugares alternativos.

La decisión de aquellos ayuntamientos de no ceder locales era tan legítima como cumplir con la resolución del TC que prohíbe a los ayuntamientos a cederlos. Estaban en su derecho porque la propia ley catalana de referéndum no se lo prohíbe, en virtud del segundo apartado del art. 30. Por tanto, ese ciudadano que se debe a la legalidad catalana suspendida, me puede decir por qué presiona a su ayuntamiento, cuando la propia ley a la que se acoge, ampara la decisión de su ayuntamiento a no ceder locales? Creo que es un ejemplo claro de cómo manipular a la gente y del problema democrático de hablar en nombre del pueblo.

La catedrática de Historia Antigua Mary Beard, en un reciente artículo, consideró que si el referéndum del Brexit fue democrático, éste tomó la decisión equivocada. Entendió, a consecuencia de esa decisión equivocada, que el “Brexit pone en evidencia el vínculo terriblemente importante entre democracia y educación. No estoy diciendo que la gente que votó por el Brexit fuera una ignorante. Todos estábamos insuficientemente formados para tomar una decisión responsable sobre lo que iba a significar”.

Mary Beard hace una exposición clara, enfocando la etimología de la palabra Democracia. Y dice algo que no va en la línea de mensajes que ponen “Referèndum és Democràcia”. Deja bien claro que “una de las cosas que ha salido mal en los últimos 20 años es haberle hecho creer a la gente que la democracia es simplemente sinónimo de votar. Si puedes llevar una urna a Afganistán, lo llamas democracia. Pero democracia no es sinónimo de votar, es muchas otras cosas: es tener derechos civiles, es tener una educación y sin ello no tendremos votantes responsables”. Y a esto añade lo que evidencia porque algunas veces hay que evitar que el corazón se anteponga a la razón: “Reivindicar el derecho a votar con el corazón no es democracia. La política nos lo enseñaron los griegos, significa tomar decisiones complejas. Por eso es tan difícil ser demócrata. No basta con decir “no me gustan estos tipos de Bruselas o no me gustan estos tipos en Madrid”, porque votar consiste en tomar decisiones en un entorno complejo del modo más coherentemente posible, velando por nuestro futuro político y económico. Y eso es extremadamente difícil”. (www.elindependiente.com)

Pienso en la lucidez con la que actuó Alex Salmond para convocar el referéndum de Escocia. Él y su gobierno, aprobaron una guía de aproximadamente 650 páginas en las que se daban instrucciones del referéndum y se daban las consecuencias tanto positivas como negativas de la hipotética independencia en asuntos como la economía, la salud, la educación, etc. Se puede decir que era un referéndum que miraba por todos y que buscaba que el ciudadano pudiera formarse democráticamente para adquirir una opinión bien formada y tomar una seria decisión en un asunto tan serio como la independencia de Escocia. En cambio, en el caso catalán, se acordó en 2015 con Artur Mas y con Carles Viver Pi i Sunyer, presidente del Institut d’Estudis Autonòmics, la publicación del “Llibre blanc de la transició nacional”. Un libro de apenas 200 páginas cuyos argumentos estaban sólo enfocados en lo maravillosa que es la independencia. Que desde el Govern pongan siempre el ejemplo escocés, me resulta cuanto menos, insultante.

Por si no fuera suficiente con este circo montado, me viene a la mente a las contradicciones del President Puigdemont de acuerdo con algunas cosas: No se puede estar a favor del referéndum de autodeterminación de Kurdistán y tres años antes, en un julio de 2014, votar en contra del reconocimiento del derecho de autodeterminación de Kurdistán (ergo, denegar un derecho a un pueblo, cuando al mismo tiempo lo estás reclamando para ti). Resulta muy contradictorio decir que es un ataque a la democracia que la guardia civil requise urnas para el 1-0 y luego justificar que tiempo atrás los mossos requisaran urnas para un multireferéndum enfocados a cuestiones de índole social. Es paradójico oír a Oriol Junqueras decir que las autoridades españolas son unos antidemócratas sin escrúpulos, cuando al mismo tiempo tiene a un cínico por President.

Mi conclusión es bien clara y me reafirmo: no quiero ser partícipe de esto, y soy consecuente con ello. Del mismo modo que sean consecuentes aquellos que vayan a votar (si se da el caso de que se vote), aunque no tenga el reconocimiento por su falta de garantías democráticas. No deja de ser simbólico el acto de votar, lo cual, cada uno es libre. Me niego a participar de esto por principios y por los comportamientos que han saltado por encima de los principios. Seamos claros, anteponemos los principios al beneficio personal. Por mi formación jurídica, he ido aprendiendo que en Democracia hay toda una serie de principios que deben permanecer intactas. Entre esos principios está el de no anteponer la legitimidad a la legalidad. De este modo es como funciona la Democracia (tal como defendía Calamandrei), porque la instauración de la legalidad es condición para que la legitimidad se desarrolle útilmente en la sociedad y es lo que nos lleva a la certeza del Derecho, que a la vez, garantiza nuestras libertades y la lucha por la justicia social. Anteponer la legitimidad por encima de la legalidad es decir que quien ostenta el poder utiliza el derecho para justificar sus decisiones. Jaume Casanovas Escussol dice al respecto que “Resulta obvio hablar de ello, pero cuando se quiere anteponer principios como la legitimidad por delante de la legalidad, todos deben reflexionar y volver a la prioridad de los principios. La libertad es la Ley, y la Democracia sólo puede ser la Ley. Y no pueden fabricarse las reglas en nombre de la legitimidad. Podemos acabar haciendo referéndums clandestinos –en realidad plebiscitos, sin reglas, con voluntarios, sin orden, sin sistemas pactados de convocatoria, ni de interpretación de resultados, etc. Y hacerlo en nombre de la legitimidad”
(https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/72857/tres-raons-per-les-que-no-anire-a-votar-lu-doctubre.html). Otro principio es que no se pueden inventar los derechos, porque los derechos contienen elementos tradicionalmente propios de la moral. Lo que nos llevaría a la idea de un derecho con función social (según Roscoe Pound) y que debe buscar el bien para el ciudadano. Si nos basamos en la invención de nuevos derechos por medio de la vía de la legitimidad que anteponemos sobre la legalidad, difícilmente hallaríamos un derecho con aspectos morales. Veremos en qué queda todo este embrollo y que nuevos acontecimientos van surgiendo de cara al próximo 1-0. Por lo demás, que no cuenten conmigo, porque entrar en su juego significa renunciar a todo aquello en lo que creo, y en todo lo que soy.